Desde hace semanas los incendios forestales arrasan el noroeste de la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina. En medio del desolador panorama, una investigación reveló que el gobernador Ignacio Torres congeló casi 540 millones de pesos provenientes de un Fondo de la Ley de Bosques que debían aplicarse en programas de manejo, protección y recuperación de bosques nativos.

De acuerdo a Tiempo argentino, el bloqueo de esos 539.253.903 pesos se suma a los 600.000 dólares provenientes de organismos internacionales (Fondo Verde para el Clima y la FAO) para prevenir incendios forestales en El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo, que Torres retiene desde marzo de 2024.

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Y también a los 7.000 millones de pesos que recibió de la Casa Rosada para las víctimas del incendio de enero de 2025 en Epuyén, de los cuales los damnificados “recibieron migajas”. Ese presupuesto, se destinó a otras áreas del Gobierno a través de nueve decretos con anexos no publicados en el Boletín Oficial.

Según la investigación, los datos del fondo retenido por Torres surgen de las actas oficiales de las partidas, y del testimonio de fuentes vinculadas al tema, quienes exigieron una estricta reserva de identidad por temor a las represalias.

Tiempo Argentino señala: «Todos coincidieron en que Chubut recibió el dinero pero no distribuyó un centavo. Los 540 millones bloqueados por Torres están compuestos por 274.325.827 de pesos del presupuesto 2023, más 177.245.329 de 2024, y un extra de 87.682.747 que son rendimientos financieros de los presupuestos 2022 y 2023, según las planillas oficiales».

«La acumulación de los fondos 2023 y 2024 se debe a que el presidente Javier Milei se apropió de todos fondos específicos destinados a las provincias. Luego soltó algunos, como en este caso, cuando necesitó alquilar votos en el Congreso”, narró la plataforma.

Un ingeniero forestal declaró que “lo que está pasando con los incendios podría ser menor al reducir el combustible de los bosques, mejorar los caminos de accesos; en muchos casos el manejo del agua también sirve a la prevención: un bosque bien manejado tiene menos combustible. Las demoras en transferir fondos aumenta la ocurrencia de incendios y su magnitud”.

El fuego continúa

El fuego iniciado en la zona de Puerto Patriada el 5 de enero, el cual está controlado pero no apagado, arrasó con más de 14.000 hectáreas de bosque nativo y pino invasor, medio centenar de viviendas, galpones, cultivos, y millares de vidas de animales salvajes y domésticos.

La Fundación Vida Silvestre señaló que en la provincia de Chubut está el 2 por ciento de los bosques nativos de la Argentina, con un millón de hectáreas en cálculos de 2023, pero desde el 2024 acumula más de la mitad de los bosques nativos carbonizados en todo el país.

Por su parte, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), precisó que en la temporada estival 23/24 se quemaron en Chubut 5.024 hectáreas frente a las 7.747 de todo el país, lo que equivale al 64,85 por ciento del total. En la temporada estival 24/25 ardieron 14.729 hectáreas, sobre 31.722 en el total país: esto es el 46,43 por ciento del total.

Una de las prácticas que denuncian los habitantes de Chubut son las quemas de grandes bosques para construir proyectos inmobilliarios: situación ocurrida en Chile con los incendios en la ciudad de Valparaíso y que fue denunciada por movimientos ambientales.

“Después de cada incendio lo que existen son tomas (…) y lo vamos a impedir: en El Hoyo no se va a permitir ninguna toma (…) para traer más gente del conurbano bonaerense”, dijo el intendente de El Hoyo por el PRO, César Salamín. Sin embargo, la realidad es que se apoderan del terreno los grandes emporios.

Un afectado del incendio en Epuyén encaró recientemente al gobernador chubutense Ignacio Torres, a quien le recriminó que les mintieron, que casi no enviaron ayuda y que les impusieron trámites interminables para obtener una asistencia insuficiente que los mantiene por debajo de la subsistencia.

Los medios locales remarcaron que el político chubutense nunca supo que los celulares de las víctimas intercambiaban datos para tratar de ubicarlo y reclamarle por la ayuda que jamás llegó y porque se negó a recibirlos en la Casa de Gobierno.

Este lunes en el Senado, representantes patagónicos, encabezados por la chubutense Edith Terenzi, proponen una iniciativa para incorporar la figura del “ecocidio” en el Código Penal argentino.

“Es fundamental tipificar el ecocidio y establecer penalizaciones para avanzar en la protección ambiental, incluyendo la creación de ámbitos judiciales especializados en temas ambientales dentro de la justicia federal”, puntualizó Terenzi.

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